¿Quién decide qué miramos?

Cada vez es más habitual que las audiencias miren, lean, escuchen y publiquen contenidos desde diversos dispositivos y espacios. La convergencia de servicios y tecnologías, junto a la “plataformización” de los contenidos audiovisuales, configuraron nuevos modelos de producción, distribución y consumo. En Argentina, el ecosistema audiovisual, integrado por el cine, la televisión (abierta y de pago, por cable o satélite, analógica y digital), y los servicios audiovisuales online, se encuentra guiado principalmente por lógicas mercantiles, pese a que en 2012 la Organización de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet un derecho humano e instó a los Estados a garantizarlo y promoverlo.

Santiago Marino, profesor de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de San Andrés, analiza la expansión de las plataformas digitales en Argentina entre diciembre de 2019 y marzo de 2025, en un estudio publicado recientemente en Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. La investigación muestra que, mientras la penetración de la televisión paga desciende de manera sostenida desde 2019, cuando superaba el 70% de los hogares argentinos, las plataformas crecen de forma constante, superando a la televisión paga a mediados de 2022 y alcanzando más del 60% de los hogares. En este escenario, Netflix se consolida como la empresa dominante en el país, seguida por Disney+. Sin embargo, el mercado de plataformas, concentrado en cuatro compañías extranjeras que reúnen cerca del 90% de los abonados, carece de regulaciones específicas. 

Tras examinar la evolución de las políticas de comunicación, el profesor de UdeSA destaca la ausencia de un marco regulatorio convergente en Argentina, comparable con el europeo o el norteamericano, que supere la mirada fragmentada sobre cada sector audiovisual y que no quede supeditado a los vaivenes políticos que dificultan su implementación. En consecuencia, Marino presenta razones económicas y simbólicas para avanzar en este plano. A nivel económico, observa que las plataformas compiten en condiciones desiguales con la televisión abierta, la televisión paga y las productoras de cine, que sí deben afrontar cargas impositivas y regulatorias. En el plano simbólico, destaca que la concentración del mercado en manos de compañías extranjeras condiciona el desarrollo, circulación y disponibilidad de obras locales en los catálogos de las plataformas, redefiniendo las historias nacionales que se narran y las representaciones culturales que llegan a las audiencias.

En este marco, el investigador enfatiza la necesidad de garantizar la presencia y visibilidad del contenido local mediante una regulación que, además, ofrezca estímulos a la producción y mecanismos de exhibición local. “Por ejemplo, la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica Nacional podría adaptarse al escenario actual, de modo que su definición de “obra nacional” no dependa únicamente de la nacionalidad del equipo técnico y artístico, o el lugar de filmación. Este es el caso de Iosi, el espía arrepentido, una serie sobre los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA en Argentina, que se produjo en Uruguay debido a un esquema de incentivos más favorable”, explica el profesor de UdeSA. Finalmente, advierte que las políticas en el campo de la comunicación no deberían depender de la voluntad circunstancial de un gobierno, sino sostenerse en consensos duraderos entre los distintos actores involucrados, a modo de alcanzar avances sólidos en materia de política pública.