La experiencia como voluntario en la comunidad wichi de Iván Drozdowski

El estudiante avanzado de la licenciatura en Relaciones Internacionales y adscripto en el Observatorio de Economía Política Brasil-Argentina (OBRA) de la EPyG invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la ausencia estatal y la situación crítica de las comunidades indígenas del norte de Argentina.

Por Iván Drozdowkski en noticias.unsam.edu.ar

PUEBLOS ORIGINARIOS: CUANDO EL MITO CHOCA CONTRA LA REALIDAD  

Santa Victoria del Este es una localidad de la provincia de Salta. Ubicada a solo 6 km del trifinio internacional que Argentina mantiene con Bolivia y Paraguay, es un pueblo que posee una característica diferencial: es el único establecimiento “chaqueño” en tierras donde predominan las etnias indígenas, siendo predominante la comunidad Wichí. Cuando hablo de “chaqueño” me refiero a la terminología que utilizan estos pueblos para denominar a aquellos individuos que no pertenecen a las comunidades originarias, generalmente formoseños o jujeños que se movilizaron en búsqueda de trabajo en una de las tantas quintas que rodean la zona. El presente artículo se basa en mi experiencia de 15 días como voluntario humanitario en la región y en testimonios de trabajadores sociales que residen allí de manera permanente. 

Lo primero que resalta en estas comunidades es la extrema pobreza. Uno de los aspectos más evidentes es la falta de infraestructura básica: carecen de caminos pavimentados, las viviendas son precarias y, en general, presentan dificultades para acceder a servicios esenciales como la atención sanitaria, la recolección de residuos y las redes de suministro de agua potable y energía eléctrica. Esta ausencia de servicios evidencia una notoria falta de presencia del Estado, lo que inevitablemente remite, a quienes están familiarizados con el tema, al concepto de “zonas marrones” acuñado por Guillermo O’Donnell (O’Donnell, 1993). 

Pero lo que más llama la atención es el apartado sociológico de estas comunidades. Según testimonios de trabajadores sociales de la zona, la incidencia de embarazos infantiles es preocupantemente elevada. Asimismo, la comunidad presenta altos índices de consumo de sustancias. La bebida alcohólica más difundida entre los jóvenes —y, en muchos casos, también entre los niños— es el alcohol etílico, consumido solo o mezclado con jugo en polvo. Como consecuencia, numerosas personas llegan a la adultez con un grave deterioro de la salud bucal, evidenciado por el ennegrecimiento y desgaste de las piezas dentales. También es frecuente el consumo de otras sustancias, como tabaco y diversas drogas de bajo costo, entre las que se encuentran —aunque no exclusivamente— marihuana, LSD, paco, cocaína y “ladrillo”. Estas sustancias circulan con relativa facilidad debido a la alta porosidad de la frontera y la negligencia estatal. Además, distintos trabajadores que se desempeñan en el territorio señalan que las tasas de suicidio son elevadas, registrándose numerosos casos en personas de alrededor de 30 años. 

Por si todo esto fuera poco, emerge una de las denuncias más alarmantes relevadas en el territorio. Según testimonios de profesionales que trabajan de manera directa con estas comunidades, existe una fuerte presión social para que las niñas se conviertan en madres a edades tempranas. Algunos entrevistados sostienen que, en determinados casos, cuando una niña no queda embarazada al alcanzar determinada edad, miembros de autoridad dentro del grupo familiar o comunitario podrían ejercer coerción sexual sobre ella con el fin de provocar el embarazo. En este caso no solo se estaría ante situaciones de abuso sexual infantil, sino también ante casos de incesto y pedofilia. 

Al respecto de esta situación se ha expresado Octavina Zamora, quien fuera una reconocida activista feminista por la defensa de los derechos de las mujeres y las infancias en la provincia de Salta, la cual dijo que “no hay que involucrar a las costumbres Wichí para justificar la trata, para justificar el abuso infantil, para justificar la violencia de género”(Milio, 2022). Sumado a esto, también se ha expresado el ex juez federal Carlos Rozanski en su nota “Wichí o no wichí, es abuso” (2012), donde señala que “si se admite que el abuso infantil es aceptable en una determinada cultura, se abre la puerta para admitirlo en otros casos, como ya ha sucedido cuando se dan ‘condiciones sociales de iniciación sexual temprana’”. Asimismo, sostiene que “cuando se sostiene que el abuso es aceptable por provenir de una determinada cultura, esto es inmediatamente transferido a la normalización de otras situaciones de abuso. Hoy es la comunidad wichí; mañana será un grupo familiar que puede estar integrado del mismo modo”. Rozanski realizaba estas afirmaciones en referencia al caso de Qa’tu, un hombre que en 2005 abusó sexualmente de su hijastra. Al momento de ser detenido por las autoridades, fue defendido por integrantes de su propia comunidad, quienes argumentaban que, “en esa comunidad se considera que las chicas, a partir de la menstruación, están en condiciones de elegir compañero sexual” (Página/12, 2012). Del mismo modo, en un artículo publicado por Cosecha Roja se señala que parte de la defensa comunitaria del acusado se sustentaba en la idea de que el hecho de que “ella viviera bajo su cargo legitimaba, de algún modo, que sostuvieran relaciones sexuales” (Cosecha Roja, 2012). 

En cuanto al accionar estatal, como se mencionó, es prácticamente nulo. Estas comunidades — al igual que muchas otras— dependen casi enteramente de la asistencia de diversas organizaciones no gubernamentales o iglesias que operan en el territorio. La región, me atrevo a decir, atraviesa una situación humanitaria crítica, producto, a mi entender, de la corrupción estatal, del abordaje inadecuado que realizan muchas ONG y de la persistente “infantilización” de los pueblos originarios. En lo que respecta a las denuncias por violencia sexual, la policía ni siquiera se digna a asistir a las víctimas, llegando incluso al extremo de exigir testigos para tomar una denuncia; retomando a Zamora, esta señala que la policía no acepta tomar denuncias porque considera al abuso como un aspecto cultural (Cosecha Roja, 2012). Por ese motivo, según testimonios de trabajadores sociales, las pocas mujeres que se animan a hablar y contar su historia suelen reír, aunque no se trate de una risa genuina: es su modo de procesar el trauma, ya que psicológicamente se encuentran imposibilitadas de llorar o expresar sus emociones. Al respecto, la Constitución es clara: en su artículo 75, inciso 22, Argentina otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. Esto significa que, más allá de que un determinado pueblo tenga costumbres arraigadas o de que sus integrantes vivan en situaciones de extrema vulnerabilidad, existen límites que no deben cruzarse.  

A título personal, tampoco considero que la ley tenga necesariamente demasiada importancia cuando se discute la realidad de los hechos: hay cosas que simplemente están mal, independientemente de lo que establezca la ley, porque esta no deja de ser, muchas veces, una construcción social y un reflejo de determinadas dinámicas de poder. Sin embargo, discutir esta cuestión no es el objetivo de este artículo. El objetivo de este artículo no es estigmatizar aún más a estas poblaciones que, por si no ha quedado claro, viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, muchas veces difíciles de concebir para quienes habitamos lugares como Buenos Aires, donde no siempre tenemos una dimensión real de las problemáticas que atraviesan las distintas regiones del interior del país. Lo que sí se pretende es cuestionar el rol que muchas veces desempeñan la academia y las organizaciones no gubernamentales en la construcción de determinadas realidades. Como motor e impulsora de la sociedad, la academia no puede limitarse a defender discursos que, si bien muchas veces son correctos, también pueden resultar cómodos. Y con la comodidad no se solucionan los problemas. Porque, al fin y al cabo, se trata de reconocer ambas cuestiones: aceptar que existieron y siguen existiendo violencias dirigidas contra las comunidades originarias, cuyas consecuencias se extienden hasta nuestros días, pero también advertir que determinadas interpretaciones del relativismo cultural pueden contribuir a perpetuar prácticas que deberían ser erradicadas. En definitiva, es como dice la frase: “una de cal y una de arena”.  

El hecho de pertenecer a un pueblo originario o de encontrarse en una situación de vulnerabilidad no significa que cualquier práctica deba ser aceptada o justificada bajo el argumento de que forma parte de «la cultura». El respeto por las particularidades culturales no debe estar reñido con la defensa de los derechos fundamentales. El rol de la academia, como siempre, es cuestionar: cuestionar la realidad, cuestionarse a sí misma y revisar críticamente la propia historia, con el objetivo de evitar que determinadas vulneraciones y sus consecuencias continúen reproduciéndose en las generaciones siguientes.