Ley de Glaciares: advierten por la seguridad hídrica en Argentina

Nos acompañó en C5N Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, para explicar la importancia de la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, y su rol clave en la protección de reservas estratégicas de agua dulce para el país.

¿Cuál es la situación actual con la Ley de Glaciares y qué cambios propone el proyecto que se discute en el Congreso?
A fines de febrero se aprobó en el Senado un proyecto para modificar la actual Ley de Glaciares y ahora tiene media sanción. Lo que se intenta es que la Cámara de Diputados lo trate para que pueda convertirse en ley. Uno de los principales cambios es que se busca delegar en las provincias la decisión sobre qué glaciares y ambientes periglaciares deben ser protegidos. La ley vigente establece que estos ecosistemas deben conservarse porque son reservas estratégicas de agua y define que el inventario nacional de glaciares lo realiza el IANIGLA, un instituto del CONICET especializado en glaciología. Con la modificación propuesta, las provincias podrían decidir, basándose en información técnica, si algunos de los glaciares identificados en ese inventario cumplen o no esa función estratégica. Esto podría implicar que algunos dejen de estar protegidos.

¿Por qué preocupa esta modificación desde el punto de vista ambiental?
La ley actual prohíbe actividades que puedan dañar los glaciares y el ambiente periglaciar, entre ellas la minería. El proyecto de modificación mantiene algunas prohibiciones, pero vuelve a delegar en las autoridades provinciales la decisión sobre si determinadas actividades económicas pueden desarrollarse en esos territorios. El riesgo, según advierten especialistas, es que si una provincia considera que un glaciar no cumple una función clave en la regulación hídrica, podría habilitar proyectos extractivos o mineros en zonas que hoy están protegidas. Por eso se habla de un posible retroceso en materia ambiental y de riesgos para la seguridad hídrica.

¿Quiénes serían las “autoridades competentes” que tomarían esas decisiones?
En el esquema propuesto, serían las autoridades provinciales responsables de ambiente o recursos naturales. La preocupación es que, aunque se menciona que las decisiones deberían basarse en información técnica y científica, no queda claro quién produciría esos informes ni con qué criterios se determinaría que un glaciar debe o no ser protegido. Actualmente esa tarea la realiza un instituto científico especializado que llevó adelante el inventario nacional de glaciares.