El sistema universitario argentino inicia una acción digital coordinada y simultánea para exigirle al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento universitario

El Gobierno Nacional hace casi un año que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

En agosto de 2025, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.795 que tiene como objetivo asegurar el sostenimiento y financiamiento del sistema universitario argentino.

El Poder Ejecutivo vetó la ley mediante el Decreto 647/2025 pero ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto con el voto de más de dos tercios tal como lo exige la Constitución Nacional.

Pero el gobierno tampoco cumplió: promulgó la Ley pero la suspendió por un decreto amparándose en que la norma no tenía previstos los fondos para su ejecución.

Las Universidades a través del CIN recurrieron a la justicia y lograron una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida obligaba al gobierno a actualizar los salarios docentes y nodocentes y a actualizar los montos de las becas. Pero el gobierno tampoco la cumplió pese a las intimaciones de la justicia.

Ahora la justicia dio un paso más: resolvió la cuestión de fondo y declaró inconstitucional el decreto que frenó la aplicación de la norma.

Desde diciembre de 2023 las Universidades Nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%.

Los salarios docentes y no docentes sufrieron una pérdida superior al 30% del poder adquisitivo.

El desfinanciamiento de las Universidades no sólo afecta los salarios sino también la investigación, las becas, la infraestructura, el equipamiento y las posibilidades de sostener y desarrollar políticas académicas.

Por eso, este 15 de octubre volvemos a marchar en todo el país. Para que el gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y los fallos de la justicia.