La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina
El juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). Con esta resolución, la Justicia hizo lugar a las acciones de amparo presentadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), ordenando al Poder Ejecutivo la ejecución inmediata de la normativa destinada a recomponer recursos para salarios, becas, investigación y funcionamiento institucional.
El conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó la ley para proteger el presupuesto de las casas de altos estudios. Tras el veto total impuesto por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 647/2025, ambas cámaras legislativas ratificaron el texto con las mayorías de dos tercios. Sin embargo, al promulgarla, el Gobierno condicionó su vigencia material invocando el artículo 5° de la Ley de Administración Financiera, el cual exige precisar la fuente de financiamiento antes de autorizar nuevos gastos.
Las universidades denunciaron un «fraude constitucional» y un veto encubierto. Según expuso la UBA, la prórroga del presupuesto 2023 durante 2024 y 2025 provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios académicos y administrativos, además de comprometer el funcionamiento de sus hospitales universitarios. Por su parte, la defensa estatal argumentó que la norma demandaría más de un billón de pesos, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal.
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que la suspensión por decreto constituyó un mecanismo extraconstitucional, recordando que la propia ley prevé pautas de financiamiento en su artículo 9° mediante la reasignación de partidas. Así, la resolución obliga al Estado a reglamentar la ley para garantizar el flujo de fondos hacia las instituciones públicas del país.