Las Universidades Públicas recurren a la Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad presentar acciones legales tras la suspensión de la Ley N° 27.795, a pesar de su promulgación por parte del Ejecutivo Nacional.
En una medida institucional de gran peso político y jurídico, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió por unanimidad recurrir a la justicia para demandar el cumplimiento íntegro de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La Exigencia de Cumplimiento Legal
El presidente del CIN, Oscar Alpa, resaltó la trascendencia del encuentro, subrayando que, 40 años después del primer plenario del CIN, las universidades se reúnen nuevamente en la UBA para adoptar el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano.
El Rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, explicó que la acción legal es una respuesta directa a la determinación del Poder Ejecutivo de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario, pero suspender su aplicación. Bartolacci calificó esta situación como “grave para la institucionalidad democrática del país”, especialmente cuando se “naturaliza el incumplimiento de la ley”. Afirmó también que las instituciones han sido «muy responsables y serias, priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta», y que ahora corresponde acudir a la justicia para garantizar la aplicación de la norma.
Contexto de la Ley 27.795
La Ley de Financiamiento Universitario, que sienta las bases para esta disputa, fue originalmente aprobada en el Congreso de la Nación a principios de agosto con un amplio consenso.
Esta legislación fundamental establece un mecanismo de actualización presupuestaria diseñado para asegurar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas en todo el país. Un punto crucial es que la puesta en marcha de esta ley no compromete fiscalmente al Estado, ya que especifica la procedencia de los recursos, afectando solo un pequeño porcentaje del PBI (Producto Bruto Interno).
Aunque el Poder Ejecutivo Nacional vetó la norma, la vigencia de la ley fue respaldada por las cámaras de Diputados y Senadores, que rechazaron la medida del veto. La oposición logró ratificarla específicamente el 2 de octubre.
Impacto a Futuro y Acciones Adicionales
El rector Bartolacci enfatizó que la ley no solo busca reparar situaciones pasadas, sino que es vital porque “genera un piso muy distinto hacia adelante”. Sostiene que sienta una base para discutir el presupuesto 2026, que será sustancialmente diferente a la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso.
Además de la acción judicial, las y los rectores acordaron elevar una solicitud al Congreso Nacional para que se apruebe el presupuesto 2026. En dicha solicitud, se pide que se contemple como base presupuestaria los recursos ya previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
Cabe recordar que, durante el tratamiento en Diputados del rechazo al veto presidencial, se llevó a cabo una nueva Marcha Universitaria Nacional, con concentraciones multitudinarias. Solo en Rosario, sesenta mil personas se manifestaron en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.