Ley de Financiamiento Universitario: acuerdo entre las Universidades y el Gobierno, pero el reclamo sigue en la Corte Suprema
Este miércoles, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron un acuerdo salarial y presupuestario con el fin de garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. La propuesta oficial consiste en un aumento salarial del 24,33% dividido en dos etapas: un ajuste del 21,33% en julio y un 3% adicional en octubre.
Esta recomposición busca compensar la pérdida de puntos correspondientes a los años 2024 y 2025, así como el deterioro acumulado hasta mayo de 2026, sumando el compromiso de que los salarios no sigan perdiendo frente a la inflación durante este año. Además, el pacto incluye un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y un financiamiento extra de $50 mil millones destinados a los hospitales universitarios.
A pesar del acercamiento económico, los rectores confirmaron que no retirarán la demanda judicial ante la Corte Suprema referida a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa aprobada por el Congreso que el Ejecutivo se niega a implementar. Actualmente, la causa judicial tiene una medida cautelar a favor de las universidades, pero se encuentra suspendida debido a un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
El oficialismo sostiene que la ley del Congreso es «ilegal» porque no cumple con la obligación de identificar la fuente de los recursos, mientras que la Corte Suprema, que tiene la decisión final, aún no ha fijado un plazo para pronunciarse.
En paralelo al conflicto judicial, el clima en las instituciones educativas sigue siendo de alerta y desconfianza. Desde el sector sindical, gremios como Conadu advirtieron que la oferta «es todo informal» y reclaman que el Gobierno convoque a paritarias reales, calificando al Ejecutivo como un interlocutor «muy escurridizo».
La tensión también se traslada a los colegios preuniversitarios, donde la situación de los docentes es especialmente delicada debido a la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la quita del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Esta situación ha derivado en diversas medidas de fuerza, incluyendo tomas en establecimientos como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, y clases públicas dictadas frente al Palacio de Justicia por estudiantes de la UBA y gremios docentes para exigir una respuesta a los jueces.