El Gobierno rechaza aplicar la Ley de Financiamiento Universitario pese al fallo de la Corte

En un escenario de creciente conflicto, el Gobierno nacional ha decidido no acatar la reciente resolución de la Corte Suprema que ratifica una medida cautelar a favor de las universidades públicas. Dicho fallo judicial ordenaba al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras reunir a su mesa judicial, la Casa Rosada justificó su negativa argumentando que la decisión del máximo tribunal no abarca la totalidad de la ley, sino que se limita estrictamente a una cautelar que pesa sobre los artículos 5 y 6. Además, el Gobierno se ampara en un acuerdo previo firmado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las cúpulas gremiales.

Este arreglo contempla una recomposición del 24,33% en dos pagos, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento y una partida de 50 mil millones de pesos destinada a los hospitales universitarios. Por ello, desde el oficialismo sentenciaron de manera tajante: “No vamos a pagar nada extra. Hay un acuerdo vigente que es el que se va a cumplir”.

Sin embargo, la realidad que denuncian las casas de estudio es crítica. El aumento acordado apenas logra cubrir la mitad del poder adquisitivo que los docentes y trabajadores no docentes han perdido desde diciembre de 2023. Esta grave desfinanciación ya ha provocado miles de renuncias de investigadores, suspensión de clases, medidas de fuerza, obras paralizadas y la pérdida de becas para los estudiantes.

Precisamente, los artículos en disputa exigen actualizar salarios desde diciembre de 2023 (artículo 5) y recomponer de forma automática las becas estudiantiles, como el plan Progresar (artículo 6). Frente a la postura oficial, el titular del CIN, Franco Bartolacci, celebró el fallo como una respuesta esperada por la comunidad y el sector universitario advirtió al Ejecutivo que “no es un tema de la interpretación, tienen que cumplir la ley”.